MEXICO: ELECCIONES SIN LEGITIMIDAD

 eleecc El próximo 7 de junio, en México se llevará a cabo un proceso electoral intermedio en el que se renovará la Cámara de Diputados, varias gubernaturas, congresos locales, jefaturas delegacionales del Distrito Federal y cientos de presidencias municipales. Si se tratara de un país con una democracia medianamente acreditable y genuina, diríamos que estos comicios tendrían una respuesta aceptable y que la sociedad otorgaría su voto de confianza a las instituciones. Sin embargo, en las condiciones actuales de la realidad política mexicana resulta todo lo contrario.

  Este proceso se desarrolla en medio de la peor crisis de legitimidad política que el Estado haya tenido en décadas, acompañada por una violencia incontrolable y cotidiana que proviene tanto de la delincuencia organizada, como del Estado, marcada por la pobreza de millones de familias, incluyendo las que viven en la miseria extrema, el desempleo y, sobre todo, la percepción generalizada de temor en el presente y de incertidumbre hacia el futuro. Tal crisis se acentúa por una corrupción visible y cínica, que se hace patente en el propio titular de la presidencia y los aparatos de Estado, y que carcome también a los partidos de todo signo político e incluso a las instituciones que por ley tendrían que ser autónomas.

  Como en otros países del mundo, en especial Estados Unidos, la política en México se ha convertido en un espectáculo que raya en lo grotesco, en un negocio redondo a costa del erario público, una competencia frívola en la que las ideas mediadas por la política ya no tienen cabida, pues lo que está en disputa no son proyectos y propuestas sociales sino intereses personales o de facciones. Las frases efectivistas y retóricas se imponen a los contenidos. En la propaganda electoral, que satura el espacio urbano, radiofónico y televisivo, sobresale el nombre y el rostro del candidato, junto a clichés que pretenden llegar a un ciudadano considerado recipiente vacío y analfabeta político. Todos los candidatos plantean lugares comunes y promesas epidérmicas que contrastan con las urgentes necesidades y problemáticas sociales.

  Lo cierto es que no existen proyectos de nación en disputa, pues la izquierda partidaria e institucionalizada no plantea una alternativa al capitalismo y a la democracia liberal, mucho menos cuestiona las relaciones de dependencia estructural y subordinación a Estados Unidos, o busca una salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sólo ha provocado la anexión económica al imperio, el quiebre de la planta productiva y la profundización de la pobreza.

  Esta crisis de credibilidad del sistema político mexicano se agrava y exacerba con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014, crimen de Estado y lesa humanidad cuya responsabilidad es negada sistemáticamente. La lucha de los familiares por encontrarlos, la demanda, ampliamente apoyada por la sociedad, de castigo a los culpables en la jerarquía de los aparatos estatales, fuerzas armadas y policiales, constituyen pendientes en la agenda nacional de gran trascendencia que las fuerzas políticas partidarias han relegado por completo, pues su prioridad está enfocada en las elecciones de junio próximo.

  Precisamente, uno de los sectores de la sociedad mexicana que mayor escepticismo expresa en torno a estos comicios es la juventud, que oscila en términos electorales entre los 18 y 34 años de edad y que representa más del 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón. A pesar de que buena parte de la propaganda la tiene como su principal destinatario, lo cierto es que la realidad dramática de una juventud sin futuro, esto es, mínimas oportunidades de estudio, trabajo, salud, deporte, cultura y recreación, anula las promesas electorales. Por ejemplo, tan sólo en la Ciudad de México, las instituciones de educación superior rechazan cada año alrededor de 300 mil jóvenes que desean cursar una licenciatura.

  Los comicios de junio serán decididos por el llamado voto duro que tienen los partidos hegemónicos en México, PRI, PAN, PRD, PVEM, y los emergentes y pequeños se dedicarán a mantener su registro, si bien les va. Este voto duro se conforma en la mayoría de los casos, con las clientelas corporativizadas que se benefician mínimamente con la llegada de sus operadores al poder. Un caso aparte es MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), fuerza encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que renunció al PRD para fundar este nuevo partido, el cual indudablemente se consolidará en esta contienda como fuerza política nacional sobre todo por la influencia y considerable popularidad del ex candidato presidencial. Un sector importante del electorado de izquierda, otorgará el beneficio de la duda a este agrupamiento, restando seguramente votos al PRD.

  En este proceso electoral, como en las controvertidas contiendas recientes, juegan un papel fundamental los poderes fácticos. En primera instancia, las amplias redes del crimen organizado, insertas desde hace tiempo en las propias instituciones, decidirán en ciertos territorios qué candidatos pueden ganar. Ya lo han hecho en el pasado, y están comprobados muchos casos de relaciones directas y pactos entre delincuentes y gobernantes. Iguala es el botón de muestra.

  Por su lado, los monopolios mediáticos también juegan sus fichas en este juego político. Ya presentes de forma directa con las llamadas tele-bancadas en el congreso, el papel que desempeñan los medios de comunicación no sólo tiene relación con el gran negocio por la venta de sus espacios para la difusión, acoso y bombardeo electoral de más de 22 millones de spots que son y serán transmitidos hasta el final de las campañas, sino que al formar parte del régimen y del grupo gobernante, se especializan en crear un imaginario de que este país vive en democracia y que, a pesar de algunos errores y detallitos, los políticos son fiables.

  Por último, los intereses del capital transnacional se manifiestan de igual forma en este proceso. Los grandes inversionistas en la minería, los servicios públicos privatizados, el ámbito financiero y ahora en los energéticos, mueven sus piezas en el exterior y dentro del país para intentar darle una apariencia de legitimidad a la clase política mexicana. A pesar del peso de las evidencias del desastre social, político y económico en el que se encuentra el país, no son pocas las voces, como la del propio Obama, que respaldan la gestión de Peña Nieto y el supuesto buen funcionamiento de las instituciones nacionales.

  La situación evidente de emergencia nacional refuerza, con sobrada razón, los cada vez más frecuentes llamados al voto nulo, al abstencionismo y al mismo boicot directo al proceso electoral, como sucede en el estado sureño de Guerrero. Las llamadas elecciones intermedias (entre las presidenciales), en general resultan con menor asistencia a las urnas. Sin embargo, es muy probable que el próximo 7 de junio el índice de abstencionismo y anulación del voto, sea de los más elevados que se registren en la historia de los procesos electorales de las últimas décadas.

  Como cereza del pastel de este realismo mágico mexicano, el mismo día de los comicios se programó un partido amistoso entre las selecciones de México y Brasil, maniobra que, lejos de lo deportivo y la pasión que representa el futbol, considerado por algunos como el verdadero “opio del pueblo”, resulta un burdo distractor para una población inserta en su dramática realidad y harta de una mafia de partidos políticos que los ha defraudado ya en innumerables ocasiones. Seguramente estos electores disfrutarán del partido (de fútbol, naturalmente), mientras los del llamado voto duro acudan, por propia voluntad, u obligados con los chantajes, o convencidos con un billete o una torta, a mantener en los diferentes espacios a una clase política por demás ya (casi toda) despreciable.

  En contraste, se mantienen otras experiencias políticas en el país, como la de los zapatistas en Chiapas, o la del municipio purépecha de Cherán, Michoacán y otras comunidades indígenas y campesinas que han tomado el camino de vivir y gobernarse sin partidos políticos, así como millones de mexicanas y mexicanos que de forma honesta trabajan y sobreviven en esta catastrófica situación, en este México en el que no se vislumbran cambios esperanzadores n el futuro próximo.

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